Niegan bancos datos contra extorsiones....
Al presentar su informe anual de combate a la extorsión telefónica, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal advirtió que las instituciones bancarias no han informado sobre las acciones que se toman respecto a las cuentas de los extorsionadores.
El titular del organismo ciudadano, José Luis Wertman Zaslav, señaló que en los cuatro años de funcionamiento del programa “No más extorsiones”, se ha conformado una base de datos con 9 mil 75 cuentas bancarias las cuales fueron utilizadas en intentos de extorsión, para que ahí se depositara el dinero.
“Le hemos preguntado a los bancos (qué ha sucedido con estas cuentas) y nunca hemos tenido una respuesta; se supone que cuando se abre una cuenta se dan los datos y se llevan los documentos, y de esas 9 mil cuentas se sabe perfectamente quiénes son los propietarios, pero la cosa se ha quedado ahí, nunca hemos tenido acceso a algún registro”, indicó.
Del total de las cuentas registradas, 2 mil 943 pertenecen a Banamex, 2 mil 596 a Banco Azteca, mil 395 a Elektra, 995 a BBVA Bancomer, 779 a HSBC, 142 a Grupo Financiero Banorte, 51 al Banco de México, 41 a Scotiabank, 38 a Western Unión, 33 a Santander y el resto no se precisó.
Wertman Zaslav insistió en la importancia de que las cuentas no sean sólo canceladas, sino que además los bancos proporcionen información oportuna sobre las mismas a las autoridades responsables de las investigaciones.
Por otro lado, insistió a las cámaras de Diputados y Senadores para que le den salida a una propuesta de ley que ya fue presentada, y que obliga a las compañías telefónicas a cancelar el código de serie (IMEI) de los teléfonos celulares reportados como robados o perdidos, con lo que se deja inutilizable el aparato.
Si bien ya es posible que el ciudadano solicite el procedimiento, lo que ha derivado en la cancelación de 12 mil teléfonos al momento, sigue siendo un procedimiento optativo cuyos trámites en algunos casos resultan “engorrosos” para los afectados.
“La propuesta es que por ley, cuando un teléfono se reporte como robado, perdido, extraviado y definiciones similares, los operadores telefónicos tengan que cancelar automáticamente el IMEI, que es el código o número del aparato (…); el Senado ya lo tiene desde hace meses en espera, es algo sencillo y no perjudica a nadie más que a los delincuentes”, indicó.
Además, dijo, la cancelación del IMEI no solo sería un “golpe contundente” al tema de la extorsión, sino que contribuiría al abatimiento de otros ilícitos como el robo de teléfonos o la venta de los aparatos en el “mercado negro”.
Wertman pidió no “engañarse” con la idea de que los bloqueadores en los reclusorios acabarán con las extorsiones en la ciudad, pues hizo énfasis en que se requieren soluciones más integrales
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