Dicha iniciativa consta de tres puntos principales: pedir que los celulares sean registrados personalmente, evitar que los móviles sean flashados, y además solicitar por parte del Ministerio Público (MP) que los operadores telefónicos puedan brindar información del detalle de llamadas en caso de extorsiones y secuestros.
Según el diputado Francisco Contreras, de Acción de Desarrollo Nacional (ADN), ocho celulares son robados cada hora, lo cual pone en riesgo la vida de los guatemaltecos que utilizan ese servicio.
Una de cada dos personas sufren de extorsiones por celular o les han robado el mismo; es preocupante ver cómo se incrementan las extorsiones y robos de móviles sin que el Estado pueda atender las demandas de la sociedad, ante esto la necesidad de ser aprobada de urgencia nacional, por el Congreso de la República,explicó.
También fue presentado un estudio sobre el fenómeno de las extorsiones en Guatemala, donde se indica que alrededor del 80 por ciento de las extorsiones provienen de centros de reclusión, especialmente del centro preventivo de la zona 18, especí ficamente del Sector 11, de donde provienen el 35 por ciento de todas las llamadas, y en menor medida de las cárceles de El Boquerón, Pavoncito y el Infiernito, Escuintla.
Según el informe, los centros de reclusión son los lugares que utilizan los delincuentes para extorsionar, por ser lugares menos detectables, ya que participan dentro de un conglomerado de reclusos.
Guillermo González, del Comité Coordinador de Asociaciones Agrí colas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), manifestó que se deben unificar esfuerzos para minimizar los robos y extorsiones, que el Congreso de la República sea ágil en su aprobación y evitar el sufrimiento de las extorciones.
Se intentó la comunicación con la Gremial de Telecomunicación, pero no fue posible, informado que se encontraban en una reunión.
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